Quién es Santiago Ulpiano Martínez, el fiscal del caso Facundo Castro

Quién es Santiago Ulpiano Martínez, el fiscal del caso Facundo Castro

24/08/2020 0 Por guemes

La madre del joven pide que sea apartado de la causa. Lo acusa por su proceder actual pero también por los vínculos con otros encubrimientos a la Policía Bonaerense y a cómplices de la última dictadura. Fue propuesto como fiscal en 2018, durante el gobierno de Macri y el Senado, pese a que los organismos alertaron sobre su mal desempeño, acabó confirmándolo. 

Hace un mes que Cristina Castro recusó por primera vez al fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, para apartarlo de la causa que investiga la desaparición de su hijo Facundo Astudillo Castro, de quien nadie sabe desde abril pasado: desconfía de que no sea imparcial en su investigación, lo acusa de integrar “la trama del encubrimiento” en la causa, le enrostra que no la recibió más de una vez en cuatro meses y que no participó de ninguna medida de prueba. Sus razones para no quererlo cerca de la búsqueda de Facundo no solo descansan en su proceder hasta el momento, más bien conforman un prontuario que se extiende por años y teje vínculos con otros encubrimientos a la Policía Bonaerense y a cómplices de la última dictadura.

Martínez es funcionario judicial desde 1981 y siempre se desempeñó en Bahía Blanca. Antes de que el presidente Mauricio Macri lo designara y el Senado lo convirtiera en fiscal federal de esa ciudad subrogó dos juzgados desde los que garantizó la impunidad para represores y civiles cómplices del terrorismo de Estado juzgados e investigados en esa ciudad: habilitó beneficios de arrestos domiciliarios que no controló, rechazó detenciones, procesamientos y extradiciones –incluida la de Alfredo Astiz, reclamado por Francia para ser enjuiciado por el secuestro y el asesinato de las monjas Alice Domont y Leonie Duquet–, facilitó la impunidad de Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia.

Sus asistencias a represores desde el Juzgado Federal de Instrucción número 1 de Bahía Blanca fueron detalladas en las impugnaciones que los organismos de derechos humanos locales y nacionales presentaron ante el Senado cuando esa Cámara se dispuso a aprobar su designación como fiscal federal.

“Respecto de la intervención de Martínez en las causas por delitos de lesa humanidad, encontramos que se manejó con coherencia: sus intervenciones obstaculizaron los avances en la investigación de distintas causas. Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria”, destacó en su momento el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Aportes a la impunidad

La filial bahiense de H.I.J.O.S. elaboró un documento detallado, al que respaldaron la regional porteña de esa agrupación, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y la APDH entre otres, en el que consignó cada mal desempeño del entonces juez para que les senadores que debían ratificar o rechazar su designación como fiscal supieran de quien estaban hablando:

Así, mencionaron que Martínez rechazó pedidos de indagatoria y detención de represores vinculados a delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad emitidos por la Fiscalía y cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó su decisión y le ordenó tomar otro camino, el funcionario se negó, admitiendo una “actuación completamente irregular y violatoria del código”, planteó en su momento H.I.J.O.S.

En mayo de 2013, rechazó el pedido de detención de Aldo Omar Vara, quien fuera capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones de Comando 181 con asiento en la ciudad de Bahía Blanca. Vara había reconocido, en el marco de los Juicios por la Verdad que tuvieron lugar a finales de los 90 en la ciudad, haber tenido contacto con exalumnos de la ENET °1 en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, para obtener información y evitar que denunciaran los delitos de los que habían sido víctimas. Cuando la Cámara revocó su rechazo, Martínez se apartó de la causa. Para entonces, Vara se había escapado a Paraguay. Finalmente fue detenido, pero falleció sin dar explicaciones por los delitos cometidos.

Respecto de esa causa que investiga los crímenes cometidos dentro de la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército, Martínez hizo lo que quiso para impedir que avanzara. “Sus reiterados intentos de fragmentar la investigación en expedientes inconexos entre sí son violatorios del principio de economía procesal y demuestran una intención de obstaculizar el avance de la instrucción, al descomponer el plexo probatorio y separar hechos íntimamente vinculados entre sí”, denunciaron desde la agrupación de derechos humanos. Allí también se negó a investigar delitos sexuales.

Su protección a quien fue dueño del diario La Nueva Provincia, señalado como partícipe en los secuestros, torturas y asesinatos de los obreros gráficos y delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola en 1976, fue más allá incluso de su actuación en el expediente. Comenzó rechazando un pedido de la Fiscalía para que investigue a Massot, continuó apartándose de la causa y culminó siendo el eslabón fundamental en una operación que dejó fuera de juego al fiscal que había solicitado indagatoria del empresario, Álvaro Coleffi, quien fue denunciado e investigado y estuvo a punto de ser destituido.

Tras esa maniobra, en la que también participó Néstor Montezanti, ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura e imputado en la causa Triple A, a Massot se le dictó la falta de mérito, confirmada hace poco por la Corte Suprema. También le aseguró la impunidad a Hugo Sierre, ex secretario del juez cómplice de la dictadura Guillermo Madueño, y también a Guillermo Garlatti, el exarzobispo de Bahía Blanca señalado como encubridor y hasta sostén financiero del cura Vara mientras estuvo prófugo, a quien Coleffi había procesado e imputado.

La recompensa

La recompensa para Martínez fue el cargo de fiscal federal. En 2018 el Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri lo propuso y el Senado, pese a las impugnaciones, acabó confirmándolo. “El macrismo lo metió por la ventana y acá está”, sostuvo Alejandra Santucho, de H.I.J.O.S. Bahía Blanca. El interventor en la Procuración, Eduardo Casal, le tomó juramento con sonrisas y apretón de manos en octubre de ese año. Para entonces, ya no estaba a cargo del Juzgado de Instrucción número 1, en donde fue reemplazado por Alejo Ramos Padilla.

Cuando asumió el cargo, Ramos Padilla se asombró del “cuadro generalizado de desorden, desidia, atraso y falta de cuidado en que se encontraba la sede judicial”, destacó el CELS como un elemento más que aportaba a la impugnación de su designación en representación del Ministerio Público Fiscal. El organismo citó el informe que redactó entonces Ramos Padilla sobre el estado de situación con el que se encontró: explosivos, armas y drogas esparcidos por toda la oficina, un disco rígido con información sobre la Triple A descuidado y sin copia de seguridad, “gran cantidad de detenidos sin indagar, algunos incluso llevaban meses privados de su libertad; había detenidos que no tenían resuelta su situación procesal, a pesar de haber sido indagados y otros que, por falta de registro, ni siquiera se sabía adónde se encontraban”, puntualizó el magistrado. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/287237-quien-es-santiago-ulpiano-martinez-el-fiscal-del-caso-facund